Ekurhuleni: apoyo anunciado a las familias y resultados aún sin documentar

Una visita oficial, una oferta de ayuda y la prestación efectiva de un servicio son hechos distintos. En la respuesta a las muertes de mujeres en Ekurhuleni, Sudáfrica, las comunicaciones públicas describen los tres niveles con diferente grado de precisión. El 16 de septiembre se anunció una visita ministerial a familias en Kempton Park y Kwa-Thema; el Departamento de Desarrollo Social informó de una oferta concreta de apoyo a una familia; y el comité interministerial dijo cuatro días después que la asistencia psicosocial había comenzado para familiares de víctimas identificadas. Los documentos consultados no dan un balance de hogares atendidos, sesiones realizadas o continuidad de la atención.

El aviso del Ministerio de Mujeres, Juventud y Personas con Discapacidad programó para el 16 de septiembre dos visitas de la ministra Sindisiwe Chikunga, a mediodía en Kempton Park y a las 13.00 en Kwa-Thema. Según el texto, su finalidad era expresar condolencias, ofrecer apoyo y escuchar a los familiares. El aviso también anticipaba su asistencia al homenaje del día siguiente. Al ser una agenda previa, confirma el plan institucional y sus lugares, pero no certifica por sí sola qué prestaciones recibió cada familia tras el encuentro.

Un informe del servicio público SAnews, publicado el mismo 16 de septiembre, sí describe la visita de la ministra de Desarrollo Social, Dina Pule, a la familia de Elizabeth Moselakgomo. Indica que el departamento ofreció facilitar apoyo psicosocial, atención por trauma y otros servicios sociales adecuados para su hija y el resto de la familia. La formulación importa: ofrecer o facilitar un servicio no equivale a publicar la fecha de inicio de una terapia, su duración o una evaluación de sus efectos. El artículo tampoco atribuye declaraciones directas a la familia sobre la calidad de la atención.

El 20 de septiembre, el Comité Interministerial sobre Violencia de Género y Feminicidio afirmó que Desarrollo Social había comenzado a prestar apoyo psicosocial a las familias de víctimas identificadas, conforme a sus necesidades. Es un paso posterior y más amplio que la oferta descrita para una familia concreta. Sin embargo, el comunicado no especificó cuántas familias habían sido contactadas, qué profesionales participaron ni cómo se verificaría la continuidad del servicio. Tampoco deben extrapolarse los detalles del caso Moselakgomo a todas las personas afectadas.

La misma declaración distinguió las nueve muertes registradas en Ekurhuleni hasta su fecha de otros casos citados fuera de la zona. El 29 de septiembre, el presidente Cyril Ramaphosa elevó a once el número de cuerpos de mujeres hallados en Ekurhuleni desde julio, tras otro hallazgo en Springs. Son balances emitidos en días diferentes; no deben usarse como si fueran una cifra fija del alcance de la atención social. En ese discurso el presidente detalló novedades de investigación y nuevas obligaciones de seguimiento público, pero no presentó un recuento actualizado de los servicios psicosociales prestados a cada familia.

El acceso a ayuda fuera de esas familias también aparece en la documentación. El 18 de septiembre, Desarrollo Social comunicó que su Centro de Mando sobre Violencia de Género recibió 6.782 llamadas entre el 1 y el 16 de ese mes, con una media diaria de 424; el 16 registró 589. Son cifras preliminares del centro nacional, no un conteo de familiares de Ekurhuleni atendidos. El departamento advirtió que se necesitaba más seguimiento para saber si el incremento reflejaba una tendencia sostenida. Confundir llamadas, personas únicas y prestaciones concluidas inflaría lo que puede deducirse de esos datos.

Para una persona que necesite ayuda en Sudáfrica, el comunicado interministerial señala el Centro de Mando disponible las 24 horas, en el 0800 428 428, y la opción de enviar un SMS con la palabra HELP al 31531. La existencia de esos canales no prueba por sí misma que una familia concreta haya recibido apoyo continuado. Tampoco sustituye denunciar un delito ante la policía, que el mismo comunicado identifica como vía separada. Publicar rumores, imágenes gráficas o datos personales de víctimas puede aumentar el daño a sus allegados, advierte el comité.